La reforma fiscal puede terminar con el estatus de paraíso fiscal de Puerto Rico

El nuevo proyecto de reforma fiscal del Partido Republicano podría poner a la isla en riesgo de perder su designación como un «paraíso fiscal», lo que obligaría a las empresas extranjeras a irse debido a las mayores cargas fiscales.

El borrador final, que recibió la aprobación de la Cámara y el Senado el miércoles, despejando el camino para que el presidente Donald Trump firme a principios de enero, exige un impuesto de 12.5% ​​sobre cualquier ingreso generado por patentes y licencias de compañías extranjeras fuera de los Estados Unidos. En el código tributario de EE. UU., las empresas en Puerto Rico son tratadas como corporaciones extranjeras, incluso si su organización matriz se encuentra en el territorio continental de los Estados Unidos e incluso si emplean a ciudadanos estadounidenses.

El sistema tributario actual le ha permitido a Puerto Rico servir como un paraíso fiscal para muchas compañías farmacéuticas y fabricantes de dispositivos médicos, que pueden constituirse en la isla como subsidiarias extranjeras pero, al mismo tiempo, para etiquetar sus productos como «fabricados en los EE. UU.»

Antes de que se aprobara el proyecto de ley, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, escribió una carta al Congreso calificando la  reforma tributaria como «un serio revés» para la isla, que ha estado luchando por recuperarse desde que le azotó el huracán María a principios de octubre.

Rossello ha estado hablando con expertos en leyes en D.C. esta semana para incluir disposiciones judiciales  que «aborden las desventajas de la reforma fiscal contra los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico».

«Confiamos en que los miembros del Congreso se aseguren de que esta reforma no amenace el desarrollo económico de Puerto Rico, porque la Ley PROMESA promulgada por el Congreso tiene por objeto garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo económico», agregó Rosselló.

Cuando los medios de comunicación preguntaron al Representante del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Kevin Brady, sobre la posibilidad de eximir a Puerto Rico del impuesto del 12.5% ​​afirmó que otras medidas están en siendo desarrolladas para apoyar a la isla durante su recuperación y que están «absolutamente comprometidos con ayudar a reconstruir [Puerto Rico]».

Puerto Rico todavía puede ofrecer a las empresas y personas sus beneficios de la Ley 20 y la Ley 22, que les permiten a las empresas y particulares que se mudan a la isla disfrutar de 20 años de importantes exenciones impositivas.

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